Jesús Sánchez Lambas critica el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y la Economía Aplicada (ICGEA), liderado por su vicepresidente ejecutivo, Jesús Sánchez Lambas, señaló que el borrador del nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad ha suscitado una gran preocupación en los hospitales públicos españoles.
Dice que “una de sus medidas más controvertidas es exigir dedicación exclusiva al sistema público para determinados cargos médicos -como los jefes de servicio o directivos-, prohibiéndoles trabajar también en la privada. Ante esto, los médicos alertan de un impacto negativo potencial, ya que podría producirse una fuga masiva de los jefes de Servicio más experimentados hacia la sanidad privada y/o jubilaciones en masa”.

Según un informe elaborado por el equipo de investigación en Sanidad del Instituto Coordenadas de Gobernanza y la Economía Aplicada, una de las razones principales que podría motivar la marcha de jefes de Servicio al sector privado es la brecha salarial. “Los sueldos en la sanidad privada superan en 20-30% a los de la pública para puestos equivalentes. Mientras que en la pública el salario medio anual de un médico ronda los 54.000 € brutos -antes de guardias y complementos-, en la privada se ofrecen remuneraciones notablemente más altas en puestos de responsabilidad. Por ejemplo, datos de 2020 indicaban que, en hospitales privados, un jefe de unidad o servicio podía percibir ≥70.000 euros anuales; mientras que un director médico llegaba a 90.000-100.000 euros, o un gerente de hospital privado entre 100.000 y 120.000 euros”.

“En cambio, en la sanidad pública, los jefes de servicio no reciben una compensación proporcional a su dedicación y responsabilidad”, añade. Según el sindicato médico Amyts, asumir la jefatura de un servicio en un hospital público supone apenas unos 300 euros brutos más al mes sobre el sueldo de un adjunto corriente. Este complemento (por jefatura o jefatura de sección) suele ser modesto –los sindicatos calculan que no suele superar los 400 euros mensuales – y “no compensa” el esfuerzo de gestión y la enorme responsabilidad añadida. En palabras de portavoces del Amyts, “el incremento retributivo es de apenas 300 euros brutos al mes, lo que desincentiva asumir este tipo de puestos”.

Así, un jefe de Servicio del Sistema Nacional de Salud, indica el Instituto Coordenadas, con muchos años de experiencia puede situarse en torno a 60.000 euros anuales (dependiendo de la Comunidad Autónoma, antigüedad y guardias), mientras que en la privada ese mismo profesional podría obtener del orden de 80.000-90.000 euros o más, sin computar ingresos de consulta privada. La Fundación IDIS (sector sanitario privado) afirma que implantar la exclusividad sin equiparar salarios “no parece adecuado porque puede producir una salida de profesionales del sector público al privado”.

COMUNIDADES

“La medida de exclusividad propuesta impactaría directamente en todos los jefes de servicio de hospitales públicos que, actualmente, compatibilizan con la privada. El Ministerio de Sanidad ‘asegura que no tiene cifras’ oficiales de cuántos serían, e incluso sugiere que la mayoría ya son exclusivos por la intensidad del cargo. Sin embargo, los sindicatos médicos discrepan de esa visión complaciente”, sostiene el Instituto Coordenadas.

Asegura que “en todas las regiones, la incompatibilidad supondría un cambio drástico. Comunidades como Madrid no tienen exclusividad actualmente, permitiendo a los médicos combinar ambos sectores dentro de los límites legales. Otras, como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia o País Vasco, también permiten la compatibilidad (algunas con complementos por exclusiva voluntaria). Solo Navarra o Extremadura ya exigían exclusividad a sus jefes de servicio desde hace años. Por tanto, los jefes de servicio de las principales CC. AA. pasarían a un régimen más restrictivo que el vigente, y un porcentaje importante probablemente optaría por dejar su puesto público. De hecho, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) advierte que obligar a elegir en el contexto actual (*“infradotación de recursos”, “agotamiento”) “provocará que no pocos facultativos se planteen el ejercicio en el ámbito privado, cuya necesidad de plantilla es creciente” por el auge de los seguros de salud privados”.

ESPECIALIDADES

Y añde que “la posible fuga de jefes de servicio impactaría transversalmente a todas las especialidades médicas y quirúrgicas en los hospitales públicos. Por ejemplo, especialidades quirúrgicas como Cirugía General, Traumatología, Neurocirugía o Urología, entre otras, son ámbitos donde muchos jefes compatibilizan con la privada, operando en clínicas por las tardes. Si abandonan la pública, se perderían cirujanos de referencia con décadas de experiencia, esenciales para cirugías complejas y para supervisar a los equipos quirúrgicos. Esto podría forzar a derivar más cirugías al sector privado o a hospitales mayores, ralentizando la actividad quirúrgica pública. Además, los tiempos de espera para operaciones aumentarían aún más, que hoy ya superan los 4 meses de media en el SNS, ~128 días para intervenciones no urgente”.

En otras especialidades médicas, como Medicina Interna, Oncología, Cardiología o Neurología, los jefes de servicio suelen coordinar la atención de pacientes complejos, guiar protocolos y formar a los adjuntos jóvenes. Su marcha, dice el Instituto Coordenadas, supondría pérdida de liderazgo clínico. Servicios como Oncología o Cardiología “podrían ver comprometida la continuidad” de ciertos programas, afectando la calidad asistencial y la seguridad del paciente. La Organización Médica Colegial (OMC) ha advertido que lo fundamental es hacer atractiva la sanidad pública, pues “lo restrictivo no es particularmente bueno” y podría mermar la motivación de estos profesionales.

“En relación con otras áreas críticas y diagnósticas -Urgencias, UCI, Anestesia, Radiología, Laboratorio…-, muchas de ellas también tienen jefes con amplio bagaje. Dimisiones o jubilaciones anticipadas en bloque de estos cargos podría llevar al colapso de servicios enteros. Por ejemplo, si varios jefes de Anestesiología o Medicina Intensiva abandonan el sistema público, se reduciría la capacidad operativa de quirófanos y UCI. Esto a su vez saturaría Urgencias al no poder ingresar pacientes por falta de camas UCI o postoperatorio, aumentando las derivaciones externas. Sindicatos de Madrid, Cataluña y Euskadi han advertido conjuntamente que imponer esta medida “en un contexto de presión asistencial y agotamiento” solo agravará la precariedad de los servicios y amenaza con un colapso sanitario”, agrega.

“En resumen, todas las disciplinas especializadas se verían perjudicadas de algún modo. Actualmente, se estima que alrededor del 40% de los médicos en España compatibilizan la sanidad pública y privada, aunque con variaciones según especialidad y región. Esto incluye a numerosos jefes de servicio de especialidades muy demandadas en la privada (traumatólogos, cirujanos, dermatólogos, ginecólogos, etc.). Si incluso una fracción significativa de ellos opta por marcharse, cada hospital público perdería parte de su estructura de mando clínico. Los más perjudicados serían los hospitales comarcales y provinciales pequeños, donde a veces el jefe de servicio es el único especialista sénior estable. Su salida podría implicar cierre de unidades locales (obligando a pacientes a desplazarse a hospitales mayores) y desarticulación de equipos”, continúa.

Dice que “en un escenario crítico a corto plazo, de aprobarse el Estatuto Marco en los términos actuales, podría ocurrir, entre otros asuntos, que se produjeran dimisiones y vacantes generalizadas, ya que muchos jefes de servicio podrían renunciar anticipadamente a sus puestos públicos para evitar la incompatibilidad, aceptando ofertas en el sector privado o jubilándose de forma anticipada. También dificultad para cubrir puestos de jefatura porque los gerentes de hospitales tendrían serios problemas para encontrar sustitutos. Además. para evitar la paralización, las direcciones de los hospitales podrían verse forzadas a fusionar servicios o redistribuir responsabilidades. Por ejemplo, si faltan jefes en varias especialidades, un hospital comarcal tal vez integre bajo un mismo mando servicios distintos o dependa del jefe de servicio de un hospital mayor cercano. Soluciones de emergencia que comprometerían la calidad asistencial y la capacidad de respuesta local”.

A continuación afirma que “otras posibilidades es que se produzca un aumento de las listas de espera y retrasos asistenciales, ya que con menos personal experto disponible, la productividad y el prestigio de los hospitales públicos caería en el corto plazo. Se realizarían menos cirugías programadas (por falta de anestesistas o cirujanos sénior), se tardaría más en asignar citas con el especialista adecuado, etc. Ya hoy las listas de espera quirúrgica en el SNS son largas (128 días de media); este escenario podría empeorarlas a niveles históricos, acercándose al colapso. Los propios médicos han señalado que esta situación “acabará con la sanidad pública” si no se corrige. También podría producirse una sobrecarga de Urgencias y atención primaria, ya que cuando los pacientes enfrentan demoras mayores para ser vistos por el especialista o para ser operados, suelen acudir más a Urgencias por agravamiento de sus dolencias, o saturan aún más la Atención Primaria buscando solución. En un plazo breve, podríamos ver Servicios de Urgencias desbordados por casos que no han podido resolverse a tiempo en consultas externas”.

“En suma”, agrega “en 1-2 años podría producirse un efecto dominó, con fuga de líderes médicos, vacantes sin cubrir, merma asistencial inmediata y un aumento notable de los tiempos de atención. El resultado sería un deterioro perceptible de la atención pública, con riesgo de que ciertos hospitales no puedan mantener su cartera de servicios. Este escenario crítico es precisamente el que pretenden evitar los colegios y sindicatos médicos al oponerse al Estatuto Marco en su redacción actual”.

MEDIO Y LARGO PLAZO

El Instituto Coordenadas expone que, “si la situación no se revierte en el medio plazo, se vislumbran escenarios negativos a 5-10 años para la sanidad pública española. La imposición prolongada de la exclusividad, unida a la falta de mejoras sustanciales en condiciones, podría consolidar un éxodo de profesionales senior. No solo los actuales jefes habrán dejado el sistema público, sino que la nueva generación de especialistas también evitará las responsabilidades en la sanidad pública. Muchos médicos jóvenes altamente cualificados podrían optar directamente por hacer carrera en el sector privado o por emigrar al extranjero en busca de mejores condiciones, por lo que existe el riesgo de una fuga de cerebros: los mejores médicos formados en el MIR público, tras cumplir la obligación de 5 años, no continuarían en el SNS si este no ofrece incentivos”.

Y continúa indicando que “otro riesgo es que se produzca un vacío generacional en puestos de jefe de servicio, ya que en 5-10 años, muchos de los jefes de servicio actuales ya se habrán jubilado (la mayoría superan los 60 años). Si no se logra retener talento, habrá una generación perdida en la jefatura de servicios. Podríamos encontrar hospitales donde ningún médico quiera asumir la jefatura, obligando a dejar plazas vacantes o a nombrar jefes sin experiencia suficiente. La carrera profesional en el SNS se vería truncada: los médicos jóvenes no aspirarán a promocionar internamente, al ver el puesto de jefe poco atractivo o inviable”.

“Asimismo, a largo plazo, la salida de los médicos más expertos conlleva una pérdida de calidad asistencial difícil de revertir. Son procesos forjados con un esfuerzo colectivo de éxito, pero que se pierde en muy pocos años. La sanidad pública española podría dejar de ser referente en ciertas especialidades punteras. La experiencia y saber hacer acumulados por décadas se perderían, afectando la formación de residentes y la capacidad investigadora de los hospitales públicos (muchos jefes lideran ensayos clínicos, innovación, etc.). Se corre el peligro de que la percepción ciudadana sobre la sanidad pública empeore radicalmente, fomentando aún más la contratación de seguros privados (hoy un 25% de la población tiene seguro privado, generalmente para agilizar consultas con especialistas). Esta dualidad aumentaría la desigualdad en salud: solo quien pueda pagar accederá rápidamente a especialistas de élite, mientras el resto enfrentará un sistema público depauperado. En el peor caso, algunas especialidades podrían colapsar en el sector público, dejando de ofrecerse (por ejemplo, unidades de referencia que no logren mantener personal experto)”, relata.

Además, apunta que “si el SNS se debilita, es previsible que la sanidad privada crezca para llenar el vacío. Actualmente cerca del 90% de los usuarios privados también acuden a la pública en algún momento, pero esa proporción podría invertirse en ciertos servicios. En 10 años podríamos ver un escenario donde, por ejemplo, la mayoría de las cirugías programadas de complejidad se realizan en clínicas privadas porque los hospitales públicos no dan abasto o carecen de especialistas seniors. La colaboración público-privada podría incrementarse de facto: concertación de servicios, derivaciones masivas de pacientes públicos a centros privados, etc., con el consiguiente coste económico para el erario y dilución del carácter universal del SNS”.

“A largo plazo, si la sangría de profesionales continúa, algunas áreas hospitalarias podrían volverse inviables. En conjunto, el panorama a 5-10 años sería el de un SNS debilitado y segmentado. Sindicatos como CESM o Amyts, hablan de “atropello inadmisible” y avisan que estas medidas pueden “acabar con la sanidad pública” tal como la conocemos. Los expertos insisten en que para evitarlo se necesita fortalecer el sistema y retener el talento creando “condiciones laborales atractivas” (mejorar el modelo retributivo, reducir la precariedad, facilitar la formación continua). Si no se rectifica el rumbo, el escenario catastrófico sería un SNS con menos recursos humanos de alta cualificación, servicios colapsados y una creciente pérdida de confianza de la población”, añade.

CONDICIONES LABORALES

En su análisis, el ICGEA compara varios aspectos clave de las condiciones laborales en la sanidad pública frente a la privada. Asegura que, en líneas generales, la remuneración base en la pública es más baja. Los médicos del SNS dependen de complementos (antigüedad, carrera, noches de guardia, por los que no se cotiza y como en toda la función pública no tiene impacto positivo en la jubilación) que a menudo no compensan la diferencia con el sector privado. En la privada, aunque varía por empresa, los sueldos para especialistas demandados suelen ser superiores (o incluyen incentivos por productividad). Además, un médico público puede aumentar ingresos haciendo actividad privada extra; al prohibirse esto, su sueldo quedaría congelado en la parte pública. Los sindicatos recalcan que “si los salarios [públicos] fueran mejores, todo el mundo preferiría tener más tiempo libre” en vez de buscar trabajo privado). Es decir, muchos médicos hacen doble jornada porque la pública no remunera lo suficiente.

Asimismo, en cuanto a la jornada laboral y guardias, en la pública, la jornada estándar es ~37,5 horas semanales, pero en la práctica los médicos realizan guardias de 17-24 horas adicionales regularmente. Estas guardias, obligatorias en muchas especialidades, se pagan mal y, a veces, no cuentan como horas extra, sino a una tarifa inferior a la hora ordinaria, ni se reflejan en la jubilación, lo que constituye una excepción a cualquier sistema de protección social. El nuevo Estatuto proponía consolidar hasta 48 horas semanales de trabajo para ciertos colectivos, evidenciando la alta carga laboral. En la privada, por el contrario, no es común realizar guardias tan prolongadas. Los médicos privados suelen tener horarios más diurnos o por turnos. En caso de hacer guardias, suelen ser voluntarias o mejor retribuidas, dado que la empresa debe competir para retener al profesional, de las que se cotiza a la Seguridad Social. La flexibilidad horaria también suele ser mayor en la privada, al menos para cuadros médicos senior, lo que facilita la conciliación. En resumen, la pública exige largas jornadas y noches en el hospital, mientras la privada tiende a ofrecer horarios más cómodos.

En relación con el volumen de pacientes y carga asistencial, la presión asistencial en la sanidad pública es muy elevada. Consultas masificadas, cupos saturados y plantillas justas hacen que un médico del SNS atienda a muchos más pacientes al día que su homólogo en la privada. Por ejemplo, en primaria se ha reportado un promedio de 3 minutos por paciente debido a la sobrecarga; en especialidades hospitalarias la situación es similar, con agendas llenas y largas listas de espera. En cambio, en la sanidad privada la ratio paciente/médico es menor, porque la calidad percibida (tiempo de atención, rapidez) es su valor añadido. Un especialista privado puede limitar sus consultas diarias para garantizar satisfacción del cliente, algo difícil en la pública, según relata.

“Paradójicamente, la sanidad pública ofrece estabilidad a largo plazo, pero precariedad al inicio. Muchos médicos encadenan contratos temporales durante años en el SNS antes de conseguir plaza en propiedad. En la sanidad privada, por contra, un especialista puede obtener un contrato indefinido desde el primer día (aunque sujeto a desempeño, pero protegido con fuerte indemnización por despido): eso da seguridad inmediata para pedir una hipoteca, planificar su vida, etc. Varios médicos jóvenes valoran esa estabilidad privada frente a la incertidumbre de opositar o esperar ofertas públicas. Aun así, en periodos largos la plaza pública es más segura (las clínicas privadas pueden cerrar o reestructurarse, y no hay garantía de por vida). En cuanto a promoción, la pública tiene escalafones (jefe de sección, jefe de servicio) pero, como hemos analizado, están poco incentivados; la privada puede ofrecer ascensos a dirección médica, pero también sin garantías si cambia la gerencia. En formación e investigación, tradicionalmente la pública ha brindado más oportunidades (hospitales universitarios, etc.), aunque el crecimiento de ensayos farmacológicos y otras actividades de investigación superior empiezan a ser visibles en el panorama español, pero si se pierde masa crítica de expertos, también este aspecto se resentiría”, indica el Instituto Coordenadas.

“El Estatuto Marco podría hundir de forma definitiva al sistema público de salud, ya que las condiciones laborales actuales favorecen el atractivo de la sanidad privada para muchos profesionales: mayor sueldo, menor sobrecarga y horarios más llevaderos, a cambio de renunciar a la estabilidad funcionarial, que a su vez va siendo menos atractiva entre profesionales de alta cualificación. El nuevo Estatuto Marco, tal como está planteado, acentuaría esas diferencias (obligando a elegir entre un entorno público menos flexible o el privado más rentable). Si no se acometen mejoras en el entorno público (salarios competitivos, conciliación, reconocimiento profesional, tiempo para la formación), es previsible que los jefes de servicio opten por la alternativa privada, y lo harán los más cualificados. Como han señalado desde sociedades profesionales, “el conocimiento, la experiencia o la capacitación no pueden tener fronteras” y los médicos votarán con los pies migrando al lugar donde se les permita ejercer con mejores medios y retribución. Blindar la exclusividad por ley, sin equiparar condiciones, podría convertir la ‘fuga de batas blancas’ en una realidad, con graves consecuencias para el sistema sanitario público en España”, continúa.

Según Jesús Sánchez Lambás, “el análisis de la opción política y regulatoria debe de hacerse sobre bases reales y demostradas, no en tópicos populistas de un pasado ya muy lejano. Los sistemas públicos tienen que adaptarse a los medios y a la realidad social. Deben de ser el pilar en la retención de talento, pues esa cualificación se ha logrado con recursos públicos y perderlo constituye una defraudación al interés general. Nuestros políticos deben de juzgar respetando, también en esto, la presunción de inocencia, basarse en evidencias y considerar que el prestigio es un valor en sí mismo, del que emana el conocimiento para las futuras generaciones. Eso es también tarea de los jefes de servicio que son lideres admirados en su especialidad, que atraen jóvenes capaces. En definitiva: pretenden romper el círculo virtuoso del conocimiento. Esas cosas siempre terminan en catástrofe”.